Informe de la Contraloría: dependencias financieras ponen en riesgo universidades públicas
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Contraloría General de la República advirtió este lunes que la educación superior pública colombiana enfrenta una desfinanciación estructural que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la mayoría de las universidades públicas del país. Así lo señala el estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, presentado por el ente de control tras analizar la situación presupuestal, operativa y financiera de 34 instituciones de educación superior.
El informe concluye que solo una de esas 34 universidades públicas es financieramente autosostenible, es decir, capaz de cubrir sus operaciones con recursos propios generados internamente, sin depender de transferencias estatales. Esta institución identificada con ese nivel de autonomía es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), cuyo modelo de educación virtual y diversificación de fuentes de ingreso permitió que sus ingresos propios superaran los costos y gastos operativos en 2024.
Según la Contraloría, el 97% restante de las universidades públicas no logra sostener su operación únicamente con recursos autogenerados, sino que depende en gran medida de aportes del Gobierno nacional y otros niveles de la administración. El estudio indica que más de la mitad de los ingresos del sistema —alrededor del 50,1%— provienen de transferencias estatales, lo que limita la capacidad de planificación a largo plazo y reduce la capacidad de inversión en infraestructura, investigación y fortalecimiento institucional.
El informe también evidencia una alta concentración de recursos en pocas instituciones, señalando que la Universidad Nacional de Colombia, la UNAD, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle concentran el 48% de los ingresos nacionales y el 37% de los ingresos territoriales del sistema público.
Entre los factores que inciden en esta crisis financiera, la Contraloría identificó la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento de los gastos de personal y la presión del pasivo pensional, que en conjunto limitan la capacidad de las universidades para generar ingresos propios y mantener estabilidad presupuestaria.
El estudio de la Contraloría se produce en un contexto en el que el Congreso aprobó cambios a la Ley 30 de 1992 para modificar la forma como se determinan los recursos estatales para este sector, medida que genera debate sobre su impacto fiscal real a largo plazo. Ante esto, el organismo de control recomienda diversificar las fuentes de financiación, revisar el modelo de financiamiento vigente y fortalecer mecanismos que garanticen mayor equidad y sostenibilidad en el sistema de educación superior pública.
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