Tribunal dio plazo hasta el 1 de diciembre para que UPTC elabore nuevo modelo de cobro de matrículas.

Como estaba previsto se realizó la audiencia de verificación de cumplimiento del fallo proferido para la adopción de un nuevo sistema de liquidación de matrículas en la UPTC, por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá, presidido por su presidente, el magistrado Fabio Iván Afanador. Desde muy temprano más de 500 estudiantes se apostaron frente al Palacio de Justicia de Tunja, coreando cánticos y lanzando arengas. En la sala de audiencias más de medio centenar de personas, entre estudiantes, directivos, funcionarios y profesores, además de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General, esperaban la instalación de la audiencia. El presidente del tribunal, hizo su entrada y situó el objeto de la sesión: saber de primera mano si el proyecto (quinta versión) se había socializado a través de “espacio de participación” y, a su, vez, si esta propuesta se ajustaba a los preceptuado en el artículo 83 del Acuerdo 066 de 2005 (Estatuto General).

“Esto se hizo mal”. “Fue un año perdido”
El ciclo de intervenciones se cerró con las desapacibles respuestas del rector de la universidad a los reparos que formuló el magistrado Afanador, acerca de las llamadas “socializaciones”. Sus palabras estuvieron plagadas de lugares comunes tales como: “las socializaciones nunca serán suficientes”, “por ser estudiantes son inconformes”, “si no se sustituyen los recursos de matrícula la universidad está en riesgo”, “La ventaja es que cualquier estudiante podrá llegar a cualquier carrera”, y así un largo etcétera.

El demandante de la acción de cumplimiento, Francisco Cipagauta, trajo a colación unas declaraciones del presidente del tribunal a un periódico regional, quien había afirmado que la sostenibilidad financiera de la universidad no podía anteponerse al acceso equitativo a la misma. El accionante enfatizó que este proyecto de doble propósito, rompía la esencia de la capacidad de pago, manipulándose las cifras en el estudio con situaciones irreales, que castigaban a los sectores más vulnerables, tradicionalmente excluidos de la oportunidad de cursar estudios universitarios.

Terminamos castigando a los estratos 1 y 2”
El magistrado Afanador sostuvo que “pusimos a discutir este tema a miles y miles de personas”. De repente sacó su as argumentativo diciendo que al 76% de los estratos 1 y 2 se le subirá el 50%, aumentando la pobreza y la desigualdad en un departamento como Boyacá. El alto funcionario judicial fue más allá cuando sentenció: “esto se hizo mal”, “fue un año perdido”, preguntándose “¿por qué llegamos a esto?”, respondiéndose: “yo lamento que hayamos llegado a extremos impensables”, “terminamos castigando a los estratos 1 y 2”, añadiendo: fue “una demanda bien intencionada, aplicada de manera incorrecta”, “no hubo socialización de calidad”.

En un extenso alegato el presidente del tribunal concluyó que “el juez constitucional no puede estar de espaldas de la comunidad”, para referirse al carácter regresivo de la propuesta, que contraría la progresividad, afirmando que un cambio normativo no puede significar un retroceso. Luego, puntualizó en la almendra del problema: la universidad condicionó los resultados del estudio a la sostenibilidad financiera, desnaturalizando la aplicación del artículo 83 del Acuerdo 066 de 2015; siendo notorio que prevaleció una preocupación por mantener los ingresos por matrícula, sobre la igualdad de oportunidades en educación superior.

Después del jalón de orejas al rector y al equipo directivo de la universidad, el magistrado Afanador, anunció que concedería un plazo de mes y medio (hasta el 17 de noviembre) para presentar una nueva propuesta, con la participación real de los estudiantes, excluidos de las “socializaciones” formales.

Así las cosas, la universidad deberá expedir el acto administrativo (Acuerdo), antes del 1 de diciembre, para que el nuevo sistema rija desde el primer semestre de 2018. Las sesiones del Consejo Superior que aborden el tema de las matrículas, según lo exigió el togado, serán públicas, y a lo largo de los próximos dos meses la participación no tendrá restricciones, divulgándose documentos y actuaciones de todos quienes intervengan en esta nueva e improrrogable fase. Es el fin del secretismo con que se manejó este fallido y desatinado proceso.