El gobierno del presidente Daniel Noboa anunció que, a partir del próximo 1 de marzo, la denominada «tasa de seguridad» impuesta a los productos colombianos subirá del 30% al 50%. Esta decisión profundiza el pulso arancelario que ya cumple un mes y se produce apenas 48 horas después de que el Gobierno colombiano decretara, mediante el decreto 0170, aranceles recíprocos a 23 líneas de productos ecuatorianos como el cacao, el plátano y el fríjol.
Desde Quito, la administración de Noboa justifica este incremento alegando una presunta falta de implementación de medidas efectivas en la seguridad fronteriza por parte del Estado colombiano. No obstante, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares de Colombia han rechazado estos señalamientos, presentando cifras récord de incautaciones y operativos conjuntos en la zona limítrofe para demostrar el compromiso con la vigilancia del área.
El endurecimiento de estas medidas ocurre tras el fracaso de las mesas de diálogo celebradas en la capital ecuatoriana, donde una comisión de alto nivel integrada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa no logró acuerdos para desescalar la crisis. Ante este escenario, Colombia ya formalizó una demanda ante la Comunidad Andina (CAN) para que se evalúe la legalidad de estos gravámenes.
El impacto económico de esta medida es considerable, dado que la balanza comercial favorece ampliamente a nuestro país. Según datos del Banco Central del Ecuador, entre enero y noviembre de 2025, Colombia exportó a ese mercado más de 1.700 millones de dólares, mientras que las importaciones desde el vecino país apenas alcanzaron los 808 millones. Expertos advierten que este incremento del 50 % en los aranceles no solo afectará la competitividad de las empresas nacionales, sino que terminará encareciendo el costo de vida en las poblaciones fronterizas de Ipiales y Tulcán.
