Colombia demanda a Ecuador ante la Comunidad Andina por aranceles del 30%
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El Gobierno de Colombia presentó una demanda formal ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) contra la administración de Daniel Noboa por la imposición de aranceles del 30% sobre productos colombianos, en el marco de una creciente tensión comercial entre ambos países.
La solicitud fue presentada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca que la tasa impuesta por Quito sea calificada como un “gravamen” contrario a las normas andinas de comercio y que se determine si Ecuador violó el Acuerdo de Cartagena, que rige el comercio dentro del bloque. La CAN ya aceptó la primera de las demandas y abrió una investigación, con facultades para pedir más información y contrastar cifras antes de emitir una decisión final.
La disputa se enmarca en una escalada de medidas comerciales iniciada a fines de enero, cuando Ecuador aplicó un arancel del 30% —denominado “tasa de seguridad”— desde el 1 de febrero de 2026 a las importaciones colombianas, argumentando un desequilibrio en la balanza comercial y una supuesta falta de cooperación en seguridad fronteriza, lo que redujo significativamente el comercio entre ambos países.
En respuesta, Colombia anunció medidas recíprocas, entre ellas un arancel equivalente del 30 % a productos ecuatorianos y la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador, con el argumento oficial de proteger la seguridad nacional y mitigar los efectos de la medida original.
Una reunión bilateral reciente entre delegaciones de ambos países, en la que participó la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa Pedro Sánchez en Quito, terminó sin acuerdos sobre la suspensión de los aranceles y el restablecimiento del comercio binacional, por lo que la demanda ante la CAN era considerada previsible por analistas y actores comerciales.
La imposición de estos gravámenes ha tenido efectos directos en el comercio fronterizo, con reducción de flujo de mercancías y protestas de transportadores y gremios productivos en el corredor de Rumichaca, la principal vía terrestre entre los dos países.
La CAN ahora evaluará el caso y decidirá si la medida adoptada por Ecuador contraviene la normativa del bloque andino, lo que podría obligar a las partes a revisar sus políticas comerciales si se concluye una violación a los acuerdos vigentes.
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