Manifestaciones en Ecuador: el conflicto por el diésel se torna en enfrentamientos

El paro nacional que inició la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) el pasado 22 de septiembre en Ecuador ha entrado en su novena jornada con un incremento notable de la tensión y la violencia en manifestaciones, especialmente en la provincia de Imbabura. Muchos sectores denuncian que lo que comenzó como protestas contra ajustes económicos y la eliminación de subsidios al diésel ahora escala hacia enfrentamientos violento.

¿Qué generó las protestas?

El detonante fue el Decreto 126, mediante el cual el gobierno del presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, con lo que su precio pasó de aproximadamente 1,80 a 2,80 dólares por galón. Este cambio fue percibido como un aumento fuerte en el costo de vida, en un contexto ya de dificultad económica para muchas familias.

Además del precio del combustible, la Conaie reclama la derogación del decreto, mejoras en las condiciones sociales, y rechaza lo que considera una militarización de las respuestas estatales. También hay tensiones relativas a proyectos extractivos, especialmente petroleros y mineros, en territorios indígenas.

¿Por qué ha crecido la violencia?

Se han registrado casos de uso de munición real y denuncias múltiples de fuerzas de seguridad que, según organizaciones indígenas y de derechos humanos, estarían empleando fuerza desproporcionada.
Un manifestante indígena, Efraín Fueres, de 47 años, murió tras recibir heridas de bala en Cotacachi, en la carretera entre Cotacachi e Ibarra. También se reportan decenas de heridos en distintos puntos de manifestaciones.
El Gobierno ha respondido calificando algunos bloqueos y acciones de protesta como “actos de terrorismo” e incluso denunciando “emboscadas” contra sus fuerzas por manifestantes.
Las zonas rurales también están siendo afectadas, y en algunas partes los enfrentamientos nocturnos han escalado, lo que aumenta la probabilidad de situaciones de tensión más graves.

Lo que está en juego

Las organizaciones sociales exigen una investigación independiente sobre la muerte de Fueres y los heridos, así como un alto uso de la fuerza por parte del Estado. Además, hay un fuerte pedido de diálogo, pero el gobierno afirma que no retrocederá en el decreto, argumentando razones fiscales y de control de subsidios que no considera sostenibles en el esquema actual.

También se denuncia la investigación y judicialización de dirigentes indígenas: más de 50 líderes han sido investigados por la Fiscalía en el contexto del paro, lo que para la Conaie constituye una forma de represalia.