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El Decreto 461 del 22 de marzo de 2020, autorizó temporalmente a los gobernadores y alcaldes a que hicieran reorientación de las rentas y reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la pandemia.
Según José Luis Avendaño, concejal del municipio de Yopal, Luis Eduardo Castro, alcalde de la localidad interpretó que las estampillas pro cultura y pro adulto mayor, eran impuestos territoriales, por lo que, partiendo de este concepto producido por su propia administración, decidió a través del decreto 065 del 25 de marzo de 2020, reducir a cero (0%) el valor de la tarifa de estas. Generando presuntamente detrimento patrimonial en contra del municipio y posible prevaricato.
Avendaño aclara que las estampillas no son impuestos territoriales si no tasas parafiscales, porque son de la naturaleza de las contribuciones parafiscales, razón por la cual el Alcalde lo que debió hacer era reorientar estos recursos, modificar y reajustar el presupuesto para poder hacer uso de los mismos en los requerimientos de la pandemia.
Sin embargo, cuando el Alcalde lo intento hacer ya fue demasiado tarde. Gracias al estado de excepción los decretos emitidos por departamentos y municipios pasan directamente a los Tribunales Administrativos para su debido estudio y control de legalidad.
Por lo que el decreto 065 del 25 de marzo de 2020, está en poder del Tribunal Administrativo de Casanare y aunque la misma Alcaldía a través de una oferta de revocatoria directa pidió se le permitiera revocar o derogar este decreto por que contradice la finalidad de las estampillas, entre ellos el fomento, estímulo, creación, investigación y desarrollo de actividades artísticas y culturales del municipio, más el bienestar del adulto mayor la financiación, dotación y funcionamiento de los Centros Vida y Centro Adulto Mayor, el Tribunal Administrativo de Casanare respondió que esta solicitud es improcedente.
Por lo que el decreto jurídicamente está vigente desde el pasado 25 de marzo y con ello también el no recaudo del 4% del valor de todos los contratos suscritos por la administración municipal. Ahora hay que esperar que el Tribunal Administrativo decida de fondo la suerte de este decreto, para poder hacer cuentas.
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