El proceso contractual para la demolición de Torres del Silencio, se encuentra en una etapa avanzada y será presentado en los próximos días ante la Unidad de Contratación del municipio, informó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Harbey Ramírez.
De acuerdo con el funcionario, el trámite debe cumplir estrictamente con los procedimientos y plazos establecidos en la normatividad vigente, en particular la Ley 80 de contratación pública. En ese sentido, señaló que, aunque el proceso no puede acelerarse por fuera de los tiempos legales, la administración municipal espera anunciar la adjudicación del contrato en el corto plazo y definir la empresa que se encargará de ejecutar la demolición.
Sobre el procedimiento técnico, Ramírez explicó que se utilizará un sistema de demolición mecánica mediante equipos neumáticos, específicamente retroexcavadoras dotadas con martillos hidráulicos, para fragmentar la estructura de concreto. Este método ya había sido contemplado en los estudios técnicos de patología estructural realizados previamente.
La alternativa fue retomada luego de que no prosperara la posibilidad de suscribir un convenio con ingenieros militares, opción que quedó descartada por las restricciones asociadas a la ley de garantías electorales.
Según la Unidad de Gestión del Riesgo, la prioridad es realizar una demolición eficiente que permita liberar el terreno en el menor tiempo posible, con el fin de entregarlo posteriormente a la Gobernación de Casanare.
En relación con las familias afectadas por la evacuación de las torres, el director confirmó que el subsidio de arrendamiento será prorrogado. El primer periodo de apoyo, correspondiente a tres meses, se cumple en marzo, y ya se coordinó con la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo el desembolso de los recursos para el segundo trimestre.
Ramírez indicó que la mayoría de los beneficiarios ya recibió el primer pago completo. No obstante, siete familias aún no han reclamado el subsidio ni presentado la documentación requerida. En uno de los casos, la demora obedece a una situación de salud delicada, razón por la cual el núcleo familiar ha contado con acompañamiento por parte de los líderes del proceso. Sobre los demás casos, las autoridades señalaron que no se han establecido las causas de la falta de trámite.
