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El pasado 24 de septiembre se presentó ante la Fiscalía General de la Nación, una denuncia por posibles irregularidades cometidos en la ejecución del contrato de consultoría no 1171 de 02 del 2018.
Contrato que tuvo como objeto “realizar un estudio para determinar la viabilidad técnica, administrativa, financiera, contable y legal de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, CEIBA EICE y cada una de sus unidades de negocio y definir modelos operativos eficientes para garantizar la óptima prestación del servicio”.
La denuncia fue interpuesta por persona indeterminada con la siguiente anotación “Un ciudadano preocupado por Yopal”. En total son 6 los presuntos delitos, entre ellos, celebración indebida de contratos, peculado por aplicación oficial diferente, falsedad ideológica, falsificación de documento privados y falsedad personal, entre otros
Por ejemplo, en cuanto a la fuente de financiación utilizada para contratar el estudio, el denunciante dice que se contravino el Artículo 350 de la Ley 1810 de 2017.
Porque según el estudio previo este es producto de una sentencia judicial y debió ser apropiada del rubro sentencia judiciales y conciliaciones, no de la fuente de alumbrado público, por ello se pide investigar una presunta violación del artículo 399 de la ley 599 de 2000.
También plantea que lo ordenado por el tribunal administrativo de Casanare, en la sentencia del 22 de marzo del 2018, no se cumple en el citado contrato de consultoría, y que esto podría configurar una conducta irregular que fraude a resolución Judicial, como lo expresa el denunciante.
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