El Juzgado Tercero Civil Municipal de Yopal impuso una sanción de tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a Elvira Helena Martínez Consuegra, gerente de CATASIG S.A.S. EICE, empresa gestora catastral del municipio, por incumplir un fallo de tutela relacionado con la entrega de información pública.
De acuerdo con el auto judicial fechado el 16 de octubre de 2025, la funcionaria desacató la orden emitida por el mismo despacho el pasado 20 de agosto, en la que se amparó el derecho fundamental de petición de la Fundación Little Guardians, representada por Luis Guillermo Pérez Pérez. En esa decisión, el juzgado había ordenado a CATASIG responder de manera clara, completa y oportuna a una solicitud de información radicada el 8 de julio de 2025.
La Fundación pidió un informe técnico sobre la base cartográfica actualizada utilizada por la empresa en el proceso de caracterización catastral de Yopal, información que considera de interés público por su incidencia en los avalúos y en los cobros del impuesto predial.
Pese a haber sido notificada, la gerente no presentó descargos ni acreditó cumplimiento del fallo, lo que llevó al juez Geovanny Andrés Pineda Leguízamo a concluir que existió una actuación “negligente y deficiente” por parte de la funcionaria.
La sanción deberá cumplirse en el Comando de Policía Nacional de Yopal, además del pago de la multa con recursos personales. El proceso fue remitido a los Juzgados del Circuito de Yopal para la consulta obligatoria prevista en el Decreto 2591 de 1991.
CATASIG, en medio de controversias por la actualización catastral
La decisión judicial se conoce en medios de cuestionamientos hacia la gestión de CATASIG como operador catastral en Yopal. Durante 2025, la empresa ha enfrentado acciones judiciales, hallazgos fiscales y denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en la actualización de los avalúos prediales.
La Contraloría Departamental de Casanare ha reportado hallazgos por más de $6.000 millones, mientras que la Procuraduría Regional ha solicitado una revisión del convenio y una nueva caracterización de predios, ante posibles afectaciones a derechos colectivos.
Además, varios propietarios han denunciado incrementos desproporcionados en los avalúos y errores en la medición de áreas, situaciones que derivaron en el admitido trámite de una Acción Popular por parte del Tribunal Administrativo de Casanare.
