El Tribunal Administrativo de Casanare decretó medidas cautelares urgentes contra las urbanizaciones ilegales en el municipio de Yopal, tras evidenciar una creciente problemática relacionada con la parcelación y venta de lotes sin licencias urbanísticas. La decisión fue adoptada en el marco de una acción popular interpuesta por Nelson Steven Lozano Murcia, y está dirigida directamente al Municipio de Yopal.
Entre las medidas decretadas se ordena:
- El sellamiento inmediato de todas las urbanizaciones y parcelaciones ilegales ya construidas o en proceso de ejecución.
- La instalación de avisos visibles en cada predio que adviertan a la comunidad sobre su estado de ilegalidad y los riesgos asociados.
- La ejecución de campañas informativas a través de medios oficiales y digitales para prevenir la compra de lotes en proyectos sin licencias.
Estas acciones deberán ser cumplidas en un plazo máximo de quince días contados a partir de la notificación del fallo, y su cumplimiento será verificado por la Personería Municipal de Yopal.
El fallo del Tribunal se basó en múltiples informes técnicos del Municipio de Yopal, en los cuales se documentaron más de una decena de casos de parcelaciones sin licencia, movimientos de tierra no autorizados, tala de árboles, construcciones en zonas de riesgo, y comercialización ilegal de lotes por parte de distintas empresas inmobiliarias. También se tuvo en cuenta la apertura de procesos sancionatorios por parte de Corporinoquia y una denuncia penal interpuesta por la Alcaldía contra los presuntos responsables del proyecto denominado «10 mil Socios Yopal».
El Tribunal rechazó la solicitud de suspender la expedición de nuevos planes parciales de urbanización en toda la ciudad, al considerar que una medida de ese tipo resultaría desproporcionada y podría afectar el desarrollo urbanístico legal y la prestación de servicios públicos.
En los casos donde ya exista población asentada en las urbanizaciones ilegales, el Tribunal ordenó que el urbanizador y el Municipio de Yopal garanticen la prestación eficiente de los servicios públicos esenciales, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.
