Abren indagación a ex cancilleres y alto funcionario del Gobierno por irregularidades en la expedición de pasaportes
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la saliente canciller Laura Sarabia, su antecesor Luis Gilberto Murillo y el recién nombrado jefe de Despacho, Alfredo Saade, por presuntas irregularidades en el proceso de expedición de pasaportes en el país.
El Ministerio Público investiga a Murillo por haber hecho un uso presuntamente indebido de la declaratoria de urgencia manifiesta durante su gestión en 2024, mecanismo con el cual se intentó continuar el proceso de producción de pasaportes tras los inconvenientes contractuales.
A la exjefa de gabinete y ahora excanciller Laura Sarabia, se le señala por haber tenido conocimiento desde abril del presente año de que el cronograma previsto por el Gobierno para asumir internamente la expedición de pasaportes no era viable, sin que tomará las medidas correctivas necesarias. De acuerdo con versiones conocidas en medios, Sarabia habría advertido de las limitaciones técnicas de la Imprenta Nacional y de los riesgos de desabastecimiento de libretas, pero sus alertas no habrían sido atendidas.
En el caso de Alfredo Saade, actual jefe de Despacho del presidente Gustavo Petro, la Procuraduría investiga una posible extralimitación de funciones, al haber impartido instrucciones a funcionarios de la Cancillería sin contar con competencia directa para hacerlo. Según revelaciones recientes, Saade habría ordenado retrasar la asignación de citas para renovar pasaportes con el fin de «rendir» el stock disponible, lo que generó múltiples críticas y denuncias ciudadanas.
Esta investigación surge en un contexto de crisis institucional que comenzó en octubre de 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para la impresión de pasaportes, lo que desató una cadena de decisiones polémicas y derivó en la firma directa de un contrato de urgencia con la empresa Thomas Greg & Sons, firma que venía prestando el servicio desde hace años. Esta decisión, que fue anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le costó el cargo a Leyva y desencadenó el actual impasse.
Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre el futuro del proceso de expedición de pasaportes en Colombia, justo cuando el contrato vigente está próximo a vencerse y aún no hay claridad sobre quién asumirá la producción y distribución de estos documentos.
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