Contraloría advierte riesgos en implementación del nuevo modelo de pasaportes 2026

La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el proceso de transición hacia el nuevo modelo de expedición de pasaportes, advirtiendo un “riesgo inminente de incumplimiento” si no se adoptan medidas inmediatas.

Según los documentos y comunicaciones citadas por la Contraloría, el riesgo se centra en la capacidad operativa y en los tiempos necesarios para alistar la producción: la Imprenta Nacional, encargada por el Gobierno de asumir la impresión en convenio con la Casa de la Moneda de Portugal, requeriría entre siete y ocho meses para entrar en operación plena, periodo durante el cual se debería garantizar el suministro de libretas para evitar desabastecimiento.

La preocupación pública y administrativa se concentra en dos hitos temporales. Por un lado, el contrato vigente con Thomas Greg & Sons, empresa que ha venido suministrando libretas de pasaporte por años— está programado para terminar a fines de agosto de 2025; por otro, el esquema de la Imprenta Nacional, respaldado por convenios firmados en julio, fijó fechas límite para la implementación que en algunas fuentes aparecen hasta el 31 de marzo de 2026, lo que, según los controladores, podría dejar un vacío operativo si no se garantiza el tránsito seguro entre ambos modelos.

Además de los plazos, la Contraloría advirtió sobre vacíos en la definición de los aliados estratégicos y en la formalización de acuerdos que permitan importar y legalizar la maquinaria y la tecnología necesarias para la producción. El organismo pidió información precisa sobre la cadena logística y financiera para mitigar el riesgo de afectación al servicio y al erario.