El Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció mediante un comunicado público que tiene en su poder a dos miembros de la Policía Nacional, desaparecidos desde el pasado domingo 20 de julio en zona rural del municipio de Tame, Arauca.
Se trata del subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y del patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes se desplazaban desde Yopal hacia la ciudad de Arauca cuando fueron interceptados por hombres armados, presuntamente pertenecientes al Frente de Guerra Oriental del ELN. Según información preliminar del Departamento de Policía de Arauca, el secuestro ocurrió en una vía secundaria donde operan grupos armados ilegales. Los uniformados, que viajaban en un vehículo oficial, habrían sido obligados a descender y trasladados con rumbo desconocido.
En un comunicado atribuido al Frente de Guerra Oriental “Comandante Manuel Vásquez Castaño”, el grupo guerrillero aseguró que retuvo a los dos uniformados en una “acción de control territorial”. En el texto, los señala de estar cumpliendo labores de “inteligencia y espionaje” y afirma que les fueron incautadas armas, un computador y documentos relacionados con otras estructuras armadas ilegales.
“El ELN responsabiliza a la Fuerza Pública por cualquier intento de rescate que pueda poner en riesgo sus vidas”, señaló el grupo insurgente, que afirmó que los policías están “bajo su control, sanos y salvos”.
Desde Yopal, Humberto Pérez, padre del patrullero Yordin Fabián Pérez, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a los organismos humanitarios para que intercedan por la liberación de su hijo. Relató que su hijo había llegado el viernes en la noche a Yopal y que emprendió viaje hacia Arauca en cumplimiento de una misión oficial. “El sábado al mediodía se perdió toda comunicación. No volvió a contestar el teléfono y nunca llegó a su destino”, dijo.
Pérez señaló que el patrullero se movilizaba junto al subintendente Hoyos Murcia en una camioneta oficial, y que se presume que el hecho ocurrió en el tramo entre Panamá de Arauca y Pueblo Viejo, una zona de alto riesgo por presencia de grupos armados ilegales.
“El país no puede acostumbrarse a que esto pase. Mi hijo es un servidor público, cumplía órdenes y ahora no sabemos nada de él. Está enfermo, tiene una hija pequeña, y lo estamos esperando”, expresó visiblemente afectado.
Mientras tanto, unidades del Ejército, la Policía y organismos de inteligencia continúan desarrollando operaciones en el área para dar con su paradero. La Defensoría del Pueblo recordó que sobre esta región existen varias alertas tempranas por riesgo de violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado.
