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Colombia está perdiendo la lucha contra la corrupción. Así se puede inferir de la medición realizada por Transparencia Internacional para el año de 2018. Según el índice de Percepción de Corrupción (IPC), Colombia cae de 37 a 36 puntos, en una escala de 100 puntos, donde 0 puntos es muy corrupto y 100 es libre de corrupción.
Esta caída hace que el país se ubique en el puesto 99 descendiendo 3 puestos respecto la medición anterior, que incluye a 180 países a los que se les aplicaron dichos indicadores. Vale la pena recordar que en los últimos 4 años Colombia se había mantenido estable en los medidores de corrupción.
Entre los países de América Latina, Colombia con 36 puntos, iguala el puntaje de Panamá y se ubica por debajo de Uruguay 70; Chile 67; y Argentina 40. Brasil y Perú tienen una calificación similar 37. Algunas naciones que obtienen puntajes más bajos que Colombia son Ecuador con 34 y Venezuela 18. Entre los estados miembros de la OCDE el puntaje de Colombia es aún más preocupante, ocupamos el penúltimo lugar entre 36 países, superando únicamente a México, que obtuvo 28 puntos.
“Sin lugar a duda los esfuerzos que se han realizado para enfrentar esta grave problemática en los últimos años no han sido suficientes y la corrupción está poniendo al Estado contra la pared”, acotó, Andrés Hernández director ejecutivo de Transparencia por Colombia, capítulo de Transparencia Internacional.
En ese marco la ONG plantea 3 frentes en los que debe avanzar el país. El primero apunta que el gobierno de Iván Duque debe ser completamente consecuente con el compromiso de lucha contra la corrupción que ha manifestado públicamente. Su liderazgo es imprescindible para impulsar cambios estructurales en materia de contratación pública y empleo público, mejorar las condiciones de protección a quienes denuncien actos de corrupción.
De igual forma las recomendaciones de Transparencia por Colombia en este primer frente, apunta a un mayor énfasis en la prevención y sanción de la corrupción en sectores de alto impacto para la ciudadanía. Dichas áreas son salud, educación e infraestructura. Todo esto lo anterior deberá recogerse en una nueva estrategia nacional de lucha contra la corrupción clara y efectiva, anclada en el Plan Nacional de Desarrollo.
En el segundo frente invita al Gobierno para que haga de manera urgente todos los esfuerzos necesarios para recuperar la legitimidad en el sistema judicial. Los escándalos de corrupción que han involucrado a exmagistrados de altas cortes y el fuerte cuestionamiento al fiscal general de la nación por sus conflictos de interés en el caso Odebrecht, afectan gravemente la credibilidad del sistema. Para la ONG el sistema judicial debe incorporar mecanismos de prevención y manejo de conflictos de interés para evitar la influencia de intereses particulares, fortalecer los canales internos de denuncia y la protección a denunciantes de corrupción.
De la misma manera debe garantizar la imparcialidad de quienes asumen la responsabilidad de impartir justicia. También es necesario hacer uso de todos los recursos legales disponibles, para asegurar la reparación del daño causado por los actos de corrupción.
Como tercer y último frente, Transparencia por Colombia considera que es urgente reactivar la discusión de una agenda de reformas normativas técnicamente sólidas, sustentadas en los compromisos internacionales que el país ha adquirido, y apoyada en un diálogo con distintos sectores.
Para la ONG el presidente de la República y el Congreso deben cumplir con los compromisos públicos que hicieron ante los resultados de la consulta anticorrupción y adelantar una agenda legislativa donde resulta imprescindible fortalecer un régimen de control a los conflictos de interés y a la puerta giratoria de altos funcionarios del Estado, avanzar en legislación en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, y reactivar las reformas política y a la justicia.
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