Un grupo de más de setenta personas, entre ellas expresidentes de Ecopetrol, exmiembros de su junta directiva y exministros de Minas y Energía, envió una carta pública al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, solicitando que se adopten acciones inmediatas para impedir la venta de la participación de la estatal colombiana en la cuenca del Permian Basin (Estados Unidos).
El planteamiento enfatiza que la operación representa aproximadamente el 15% de la producción total de Ecopetrol, alrededor de 115.000 barriles diarios según los firmantes, y que actualmente registra un margen de EBITDA estimado en 76%, frente al promedio nacional del 35-40%.
En la misiva, advierten sobre un “posible detrimento patrimonial” en caso de consumarse la venta, y plantean que habría indicios de incumplimiento de deberes, abuso de derechos y extralimitación de funciones por parte del presidente de la compañía y los miembros de la junta directiva si cedieran a las presiones que adjudican al gobierno nacional.
El fondo de la controversia se encuentra en la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de ordenar la venta de ese activo estadounidense, en línea con su política de reducción de dependencia de hidrocarburos y de desinversión de activos de fracking.
Por su parte, Ecopetrol ha señalado que la operación en el Permian ha sido una de sus más rentables, y que mantiene una alianza con Occidental Petroleum (Oxy) desde 2019, con participación del 49%.
El llamado al órgano de control también alerta sobre el impacto en reservas petroleras: se estima que la compañía podría perder cerca de 189 millones de barriles equivalentes, lo que representa aproximadamente el 10 % del total de reservas, si se efectiviza la desinversión.
