Gobierno socializa proyecto de ley para dar marco jurídico a negociaciones con bandas criminales
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El presidente Gustavo Petro, junto al ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el comisionado de Paz Otty Patiño, comenzó a socializar un proyecto de ley ante diversos sectores institucionales y políticos, que busca establecer el marco jurídico necesario para dar viabilidad legal a los acercamientos y negociaciones del Estado con bandas criminales urbanas y rurales, vinculadas al narcotráfico y otras violencias.
Esta iniciativa, pilar de su política de Paz Total, plantea mecanismos como sometimiento voluntario a la justicia, rebajas de penas (entre el 40 % y el 60 %) y condiciones restaurativas, siempre condicionadas al desarme, la reparación a víctimas y la verdad entregada por los criminales, según lo revelado por fuentes como El Espectador
El proyecto incluiría tres categorías de sometimiento:
- Bandas urbanas (como estructuras en Medellín o Buenaventura) mediante justicia especializada.
- Grupos como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC bajo un trato especial, donde el presidente tendría poder de decisión sobre quién accede a los beneficios
- Personas judicializadas por protestas sociales, con rebajas de hasta 70 % de pena y alternativas penitenciarias, lo cual ha sido ampliamente cuestionado por sectores judiciales y líderes políticos
El ministro Montealegre defiende la iniciativa como una “tercera vía” para la justicia transicional en Colombia, diferenciándola de las reformas de gobiernos anteriores, y presenta el proyecto como una herramienta para desmantelar estructuras criminales y disminuir la violencia estructural, más que para premiar delincuentes
Sin embargo, el proyecto ha generado fuertes críticas:
- La Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo y reconocidos negociadores de paz como Humberto de la Calle y el expresidente Juan Manuel Santos, advirtieron que la norma no garantiza proporcionalidad ni participación efectiva de las víctimas, y podría fomentar la impunidad
- El senador Efraín Cepeda señaló que “confundir paz con impunidad es una amenaza al Estado de Derecho”
- El ELN criticó que la propuesta no reconozca el carácter político de organizaciones armadas y que equipare a criminales con jóvenes protestantes
Este proyecto ya fue radicado en el Congreso y se encuentra en fase de socialización institucional —con participación del Ejecutivo y el Legislativo—, en un escenario político polarizado y con pocos consensos posibles antes de las elecciones legislativas de 2026
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