Inasistencia de Ricardo Roa obligó a postergar diligencia judicial por financiación de campaña
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
La segunda audiencia de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, prevista para las 9 de la mañana de este miércoles, fue suspendida debido a su inasistencia a la diligencia virtual. La Fiscalía General de la Nación tenía programado formalizar la acusación por el presunto delito de violación de topes electorales, relacionado con el manejo de los recursos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, la cual Roa lideró como gerente. Ante la ausencia del directivo en la plataforma digital, el despacho judicial se vio obligado a aplazar el procedimiento, sumando un nuevo retraso al proceso que busca esclarecer las finanzas del actual Gobierno.
A través de un comunicado oficial, el abogado defensor Juan David León explicó que desde el pasado lunes se había solicitado al juzgado reprogramar el inicio de la sesión para las 10 de la mañana, debido a un compromiso académico previo del apoderado. La defensa insistió en que el alto ejecutivo mantiene su disposición de comparecer ante la justicia para responder por los señalamientos que lo vinculan con irregularidades financieras.
El trasfondo de esta imputación radica en la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sancionó a la campaña presidencial tras concluir que se ocultaron gastos y se utilizaron fuentes de financiación prohibidas. El órgano electoral determinó que la campaña sobrepasó los límites permitidos por un monto superior a los 3.042 millones de pesos, distribuidos entre la primera y segunda vuelta. Según el CNE, en la primera etapa no se reportaron más de 2.600 millones de pesos, mientras que en el balotaje la cifra no declarada ascendió a los 1.087 millones, configurando una violación sistemática a las normas de transparencia electoral.
Como consecuencia de este fallo administrativo, Ricardo Roa, en calidad de gerente, junto a la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Mogollón, han sido sancionados con multas que ascienden a los 5.922 millones de pesos.
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