Investigan a Wilmar Mejía, alto funcionario del DNI, por presuntos vínculos con alias ‘Calarcá’

Wilmar Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quedó en el centro de una controversia política y judicial tras la divulgación de audios, mensajes y documentos que lo relacionan con la estructura disidente comandada por Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’. El material, revelado por un canal de televisión, menciona a integrantes del Ejército y de la inteligencia estatal como posibles colaboradores en actividades logísticas del grupo armado.

Los documentos incautados en operativos contra esa organización incluirían códigos internos, listados y comunicaciones en las que Mejía y otro oficial serían señalados como facilitadores de información sensible, entre ella presuntos datos sobre movimientos militares, rutas de armamento y zonas de influencia. Además, grabaciones difundidas esta semana apuntan a presiones internas para contener el impacto político del caso, lo que amplía el alcance de la investigación hacia niveles más altos del Estado.

Frente a las acusaciones, el DNI aclaró que Mejía ingresó a la entidad en mayo de 2024 y asumió la Dirección de Inteligencia en febrero de 2025, argumentando que esos cargos lo excluyen de hechos reportados como anteriores a su llegada. La institución aseguró que abrió indagaciones internas y que no hay registros que confirmen encuentros o comunicaciones con miembros de la disidencia.

El presidente Gustavo Petro también reaccionó, calificando los supuestos informes de inteligencia como falsos y señalando que se trataría de material manipulado para generar inestabilidad política, incluso acusando a agencias extranjeras de participar en la difusión de esa información.

La Fiscalía abrió una investigación formal para esclarecer si funcionarios de inteligencia y de la Fuerza Pública tuvieron contacto o colaboración con estructuras ilegales. De comprobarse las acusaciones, el caso podría convertirse en uno de los episodios más delicados de los últimos años en materia de seguridad, por la posible penetración de grupos armados en organismos estratégicos del Estado.