Investigan bombardeos en los que habrían muerto menores reclutados por disidencias
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El presidente Gustavo Petro se pronunció este fin de semana sobre el reclutamiento forzado de menores atribuido a las disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”, señalando que entre octubre y diciembre han muerto 13 menores de edad en medio de operaciones militares contra esa estructura en Arauca, Caquetá y Guaviare. El mensaje fue publicado a través de su cuenta oficial en X.
El pronunciamiento ocurre en medio de cuestionamientos públicos y procesos de verificación adelantados por organismos de control. La defensora del Pueblo, Iris Marín, indicó que existen operaciones en revisión en las que, de forma preliminar, se habrían registrado víctimas menores de edad. En ese contexto, solicitó al Gobierno evaluar la suspensión de bombardeos en zonas donde pudiera haber niños reclutados.
Petro respondió que no suspenderá las operaciones militares e insistió en que se ejecutan bajo los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario. Según dijo, el propósito es proteger tanto a la población civil como a las tropas desplegadas en terreno.
Uno de los hechos en investigación corresponde a la operación desarrollada el 10 de noviembre en zona rural de Calamar, Guaviare, contra las disidencias de Mordisco. Informes iniciales señalan que allí fallecieron presuntos integrantes de esa estructura, entre ellos menores de edad que habrían sido reclutados. Este lunes 17 de noviembre, la Justicia Penal Militar y Policial anunció la apertura de una indagación para establecer si se cumplieron los protocolos operacionales y legales.
El presidente sostuvo que la autorización del operativo respondió a una “amenaza inminente” contra una unidad militar, y manifestó que lamenta la muerte de cualquier persona, especialmente cuando se trata de menores de edad.
La Defensoría del Pueblo informó que continuará verificando la presencia de niños y adolescentes en zonas de confrontación armada, e insistió en la obligación del Estado de garantizar su protección integral, conforme a los estándares humanitarios. Paralelamente, avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si las operaciones se ajustaron a la normativa vigente.
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