JEP condena a 20 años de cárcel a coronel en retiro por 72 casos de falsos positivos
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
Este viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez a 20 años de prisión efectiva por su responsabilidad en 72 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, ocurridas cuando se desempeñó como comandante del Batallón de Artillería La Popa No. 2, con sede en Valledupar, en los departamentos de Cesar y La Guajira entre 2002 y 2003.
La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz, tras un proceso que incluyó la valoración de múltiples pruebas, testimonios y documentos durante el Juicio Adversarial Transicional, modalidad que se aplica cuando el compareciente no reconoce responsabilidad.
La sentencia de 20 años de cárcel es la más alta impuesta hasta ahora por la JEP en este tipo de procesos, y representa la primera condena de un oficial del Ejército en retiro por hechos de esta naturaleza ante el tribunal transicional.
Según la JEP, Mejía fue hallado penalmente responsable por homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura, relacionados con los asesinatos de civiles que luego fueron presentados como muertes en combate.
El coronel (r) Mejía, quien fue uno de los militares más condecorados del país y comandante de La Popa durante el periodo investigado, no aceptó responsabilidad ante la JEP y negó los cargos a lo largo del proceso judicial, situación que llevó al tribunal a definir la pena en un juicio adversarial.
El fallo, que aún puede ser apelado, incluye también órdenes de reparación a favor de las víctimas y medidas complementarias, y se considera un precedente en la justicia transicional colombiana, que ha venido adelantando investigaciones sobre miles de casos de falsos positivos en el marco del conflicto armado interno.
La condena se suma a otras decisiones de la JEP en procesos vinculados a casos de ejecuciones extrajudiciales, y pone de manifiesto la continuidad de la jurisdicción en evaluar responsabilidades incluso de altos mandos militares.
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