Un juez penal de control de garantías en Bogotá confirmó la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Sandra Liliana Ortiz Nova , exconsejera para las Regiones de la Presidencia, con lo que seguirá en detención preventiva mientras avanza el juicio en su contra por presunta participación en irregularidades vinculadas al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la Fiscalía General de la Nación, Ortiz enfrenta imputaciones por lavado de activos y tráfico de influencias como servidor público. El ente investigador explicó que la petición de la defensa para revocar la detención preventiva fue rechazada al considerar que mantiene un “riesgo para la comunidad” y que podría obstruir el desarrollo del proceso penal.
La medida de aseguramiento fue inicial inicialmente en diciembre de 2024, y ahora quedó ratificada por el juez al validar los argumentos del ente acusador de que existen suficientes indicios para justificar la privación de libertad como garantía del avance del proceso.
Ortiz fue vinculado formalmente al proceso en septiembre pasado como pieza clave del entramado presuntamente corrupto en la UNGRD. Según la acusación, habría actuado como intermediario en el manejo de recursos públicos destinados a financiar sobornos hacia congresistas, y sería responsable de coordinar la entrega de dineros recibidos de exdirectivos de la UNGRD para favorecer apoyos legislativos.
El rechazo de su solicitud de libertad abre paso a que el juicio continúe en su curso normal, y las partes podrán presentar pruebas, testigos y alegatos ante el juez asignado al proceso.
