Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, radicó este martes ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley denominado “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, una iniciativa que busca reducir las tarifas de energía eléctrica, modernizar el sistema regulatorio y ampliar la participación de usuarios, trabajadores y académicos en la toma de decisiones del sector.
El proyecto, compuesto por catorce artículos, plantea ajustes en diversas áreas del marco legal que rige los servicios públicos domiciliarios en Colombia. En particular, propone actualizar o sustituir aspectos de las leyes 142 y 143 de 1994, que regulan los servicios de energía y gas natural.
Entre los cambios más relevantes se destacan:
- Eliminación de subsidios para consumos excesivos: se dejarán de subsidiar los hogares con altos niveles de consumo, manteniendo el beneficio para familias vulnerables, personas con dependencia energética, hogares ubicados en zonas de clima extremo y familias numerosas.
- Modificación en la opción tarifaria: el costo que antes asumía el Estado será cubierto por los usuarios de estratos 5 y 6, así como por los usuarios no regulados y no residenciales. Los hogares de estrato 4 quedarán exentos de esta carga.
- Aportes obligatorios de los estratos altos: los usuarios de estratos 5 y 6 deberán realizar contribuciones proporcionales al financiamiento de los subsidios destinados a los estratos bajos.
- Prohibición de cobros ajenos al consumo: se reafirma que en la factura solo podrá cobrarse el valor correspondiente al consumo real del servicio eléctrico, sin incluir tasas o impuestos no relacionados.
- Eliminación de tributos locales sobre el consumo: departamentos, distritos y municipios tendrán un plazo de un año para eliminar los impuestos cuyo hecho generador sea el consumo de energía eléctrica.
- Metodologías tarifarias con vigencia definida: las metodologías tarifarias tendrán una duración máxima de cinco años, con revisiones periódicas que permitan ajustes anticipados.
- Nuevas facultades para la Creg: la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá diferenciar precios en el mercado mayorista según el tipo de fuente de generación (renovable, fósil, entre otras). Además, se incorporará representación de usuarios, sindicatos y academia en la Creg y se creará un Comité Consultivo Ciudadano de Participación.
- Aportes sociales de las hidroeléctricas: una parte de las ventas brutas de las generadoras hidroeléctricas se destinará a financiar proyectos sociales y a reducir los costos energéticos en algunos territorios.
Con su radicación formal ante la Cámara de Representantes, el proyecto inicia su recorrido en el Congreso, que incluye revisión en comisión, debates, eventuales modificaciones, aprobación y sanción presidencial. Si supera todo el proceso legislativo, la ley entrará en vigencia según los plazos que determine el texto final.
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