La revista Cambio reveló detalles del expediente de la Fiscalía que investiga un presunto desfalco en la Nueva EPS, con pruebas que apuntan a una política sistemática de ocultamiento de información financiera entre 2019 y 2023.
Según el expediente, la estrategia habría sido diseñada bajo la presidencia de José Fernando Cardona Uribe (quien estuvo al frente de la EPS desde 2012 hasta principios de 2024), junto con los ex directivos Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad), y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas).
Entre las principales pruebas citadas por la Fiscalía están:
- Firmas de estados financieros con utilidades cuando en realidad la empresa arrojaba pérdidas, lo que permitía que la EPS mantuviera su habilitación ante la Superintendencia de Salud y siguiera recibiendo recursos de la ADRES.
- Omisión de contabilizar muchas facturas ya radicadas por clínicas y hospitales, lo que habría permitido ocultar deudas reales superiores a 5 billones de pesos.
- Establecimiento de “topes mensuales de procesamiento de facturas” incluso si estas estaban radicadas; las facturas que sobrepasaban esos límites quedaban sin registrar formalmente.
- Correos internos y control contable que mostrarían coordinación entre los señalados para atribuir responsabilidades entre sí, lo que sugiere una intención consciente de distorsionar la contabilidad.
La defensa de los exdirectivos ha argumentado que, aunque los estados financieros mostraban utilidades, los recursos nunca salieron de la entidad para beneficio externo, y que las pérdidas existían, pero no se evidenciaban por procesos contables previos a la intervención.
