Según la Contraloría General de la República en el país más de 32,7 millones de raciones del PAE, no fueron entregadas

Según la auditoria de desempeño de la Contraloría General de la Republica, más de 32,7 millones de raciones habrían sido dejadas de entregar a lo largo de 1.103 municipios, a través de más de 13 mil instituciones educativas urbanas y rurales del país.

La Auditoria entrega como resultados que la no disponibilidad oportuna de los recursos suficientes para el programa durante toda la vigencia; demoras y dificultades en procesos de contratación o en el empalme entre una y otra contratación; demora en la asignación y transferencia de recursos de cofinanciación, así como dificultades en el trámite de aprobación de vigencias futuras y desconocimiento de la operación del programa, llevaron a la no entrega de tan alto número de raciones, afectando a la población a la cual está destinado el recurso.

Las demoras en la incorporación de recursos al presupuesto de los municipios, afectaron el principio de eficiencia y se evidenciaron debilidades en los procesos presupuestales y financieros de las entidades responsables, así como falta de diligencia en la gestión, desarticulación y descoordinación entre actores del Programa.

Sumado a la inadecuada estructuración de competencias entre las diferentes entidades que actúan durante la ejecución del programa, especialmente entre los municipios y los departamentos a los cuales pertenecen, supone graves riesgos en la ejecución del PAE: el programa no habría contemplado la actual jerarquía gubernamental, necesaria para proveerlo, ni la correspondencia entre la actual asignación de competencias, la titularidad de las transferencias entre las entidades territoriales y los fines educativos del programa.

En consecuencia, se evidenció que durante la vigencia 2016, las Entidades Territoriales no lograron unificar, coordinar y articular oportunamente las distintas fuentes de recursos, para de esta forma, disponer del tiempo necesario para adelantar los procesos contractuales previos al inicio del calendario escolar.

La auditoría de desempeño al PAE, adelantada bajo el nuevo enfoque de control fiscal impulsado por la Contraloría, evidenció que el esquema de bolsa común ha tenido una aplicación limitada, a pesar del esfuerzo de muchas de las entidades comprometidas con el servicio de alimentación escolar. Por concurrir las competencias tanto de las gobernaciones, como de las alcaldías de los municipios, para prestar los servicios educativos en un mismo territorio, confluyen simultáneamente varios ordenadores del gasto para el mismo servicio.

Adicionalmente, las fuentes con las que se financia el PAE están sometidas a una multiplicidad de reglas de asignación y periodicidad en los giros, lo que afecta los procesos de planeación y decisión. La existencia de reglas restrictivas en el Sistema General de Participaciones y en el Sistema de Regalías para constituir la unidad de caja, representa igualmente obstáculos estructurales para la generalización y buen funcionamiento de la bolsa común.

Las fallas de calidad, oportunidad, economía y eficacia, evidenciadas por la Contraloría, no sólo en la provisión de los complementos alimenticios del Programa, sino en su operación general, llevan a cuestionar la atención del Estado en esta materia

Según la contraloría el Ministerio de Educación Nacional, durante 2016, no identificó los riesgos asociados a todos los procesos del programa, ni diseñó controles específicos y oportunos para su mitigación, en actividades como la asignación de recursos, distribución y transferencia de los mismos a las entidades territoriales, la conformación de la bolsa común, y el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos, así como en la fijación y seguimiento de objetivos, metas e indicadores.

Todo lo anterior obedece a la complejidad del programa, que en la vigencia 2016 se extendió a lo largo de 1.103 municipios, a través de más de 13 mil instituciones educativas urbanas y rurales.