Los diálogos entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo entraron este miércoles en un estado de incertidumbre luego de que ese grupo armado ilegal anunciara de manera unilateral la suspensión temporal de las conversaciones, tras los compromisos en materia de seguridad asumidos por Colombia durante la reciente reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.
El anuncio se produjo después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señalara que el Gobierno se comprometió a neutralizar en un plazo de dos meses a alias “Pablito” del ELN, a alias “Iván Mordisco” de las disidencias de las FARC y al máximo jefe del Clan del Golfo, alias “Chiquito Malo”. Según el grupo armado, esos compromisos contradicen lo pactado en el proceso de acercamientos que se adelanta en Doha, Qatar.
A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Clan del Golfo afirmó que, de confirmarse la información divulgada por medios de comunicación, se trataría de un incumplimiento a los acuerdos previos. En el mensaje, el grupo sostuvo que ha sido el único actor armado que ha cumplido los compromisos adquiridos en la mesa y acusó al presidente Petro de priorizar intereses personales sobre la búsqueda de la paz en los territorios.
La decisión del grupo ilegal se produce en un contexto en el que Estados Unidos ha tomado un papel determinante en el proceso. En noviembre pasado, el gobierno de Donald Trump incluyó al Clan del Golfo en su listado de organizaciones terroristas, una determinación que, según analistas, ha complicado el panorama jurídico, financiero y político de cualquier negociación, al limitar los márgenes de acción del Estado colombiano y del propio grupo armado.
Antes de este anuncio, el proceso contemplaba avances concretos. Para el mes de marzo estaba previsto el inicio de las zonas de ubicación temporal, consideradas uno de los principales logros de las conversaciones adelantadas en Qatar. Estas zonas iban a funcionar en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó, y en Tierralta, Córdoba, donde se esperaba la llegada gradual de los combatientes del grupo armado.
Además, el Gobierno había ampliado el número de municipios en los que se desarrollaría una etapa denominada de consolidación de confianza, y a finales de diciembre expidió el decreto que daba sustento jurídico a la creación de estas zonas temporales.
