La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió un documento que añade un nuevo eje investigativo al expediente que cursa contra el senador del Pacto Histórico, David Racero. Según trascendió en el Reporte Coronell, una misiva remitida al despacho del magistrado César Augusto Reyes advierte sobre la presunta entrega de testimonios espurios ante el Consejo de Estado. La denuncia señala que el congresista, recientemente reelecto, habría faltado a la verdad bajo la gravedad de juramento durante el proceso que pretendía su despojo de investidura.
El cuestionamiento alcanza igualmente a John Leonardo García, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Racero, quien también habría comparecido con falsedades ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El trasfondo de la controversia es el denominado caso «Fruver», en el cual se indaga la supuesta utilización de funcionarios públicos para labores en comercios privados de la familia del legislador. La tesis de la justicia busca determinar si existió un peculado mediante la remuneración estatal de actividades particulares ajenas a la labor legislativa.
La comunicación entregada a la Corte detalla una oferta de manifestación voluntaria para profundizar en las presuntas maniobras de ocultamiento que se habrían gestado para favorecer la permanencia de Racero en su cargo. De hallar mérito en estas acusaciones, la Sala de Instrucción podría abrir una línea de proceso por fraude procesal y falso testimonio, figuras que se sumarían a las pesquisas ya existentes por el manejo de su personal de confianza. La situación jurídica del senador cobra especial relevancia tras su reciente consolidación política en los comicios legislativos.
Por el momento, el despacho del magistrado Reyes se encuentra en fase de verificación de la idoneidad del denunciante y de la veracidad de los hechos relatados en la carta. David Racero, quien ha mantenido una postura de rechazo frente a estos señalamientos en escenarios anteriores, no ha emitido un pronunciamiento técnico sobre este nuevo incidente procesal. El curso de esta indagación determinará si el Consejo de Estado fue inducido a un error judicial mediante el concierto de versiones ahora cuestionadas por un testigo directo.
