Leidy Carolina Aguirre Vargas 
Este jueves, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó el envío a la cárcel de los exministros Ricardo Bonilla, quien estuvo al frente del Ministerio de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, en el marco del proceso penal que se les adelanta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, tras evaluar la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que investiga a ambos exfuncionarios por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
La decisión se conoció este 18 de diciembre de 2025, cuando el Tribunal concluyó que no se cumplían los requisitos legales para otorgar la detención domiciliaria, como había pedido la defensa, y determinó que la prisión preventiva resulta “idónea y necesaria” para asegurar el desarrollo de la investigación y evitar posibles interferencias.
La Fiscalía acusa a Bonilla y Velasco de haber participado en un entramado de direccionamiento de contratos públicos y obras de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías) con el objetivo de garantizar apoyos políticos y mayorías legislativas para proyectos del Gobierno nacional, un esquema que ha sido calificado como uno de los mayores casos de corrupción en la administración pública reciente.
Hasta ahora, los exministros han sido imputados de cargos en audiencias judiciales y han presentado recursos de apelación contra la medida, manteniendo su derecho a la defensa en el proceso. La decisión del Tribunal no equivale a una sentencia de culpabilidad, sino a una medida preventiva que se mantendrá mientras avanza la investigación y se desarrollan las siguientes etapas del proceso judicial.
En este caso también han sido involucrados otros altos exfuncionarios y políticos, y la investigación continúa abierta para determinar responsabilidades adicionales dentro del escándalo de la UNGRD
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