La Fiscalía General de la Nación anunció que este martes imputará cargos a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, cuando se desempeñó como gerente de la campaña, y por tráfico de influencias en favor del empresario Juan Guillermo Mancera, en un proceso relacionado con la contratación del negocio de regasificación de gas en el Caribe. La entidad señaló que en los próximos días se fijarán las fechas de las audiencias de imputación por ambos hechos.
La investigación penal se suma a los cuestionamientos que desde 2022 han recaído sobre Roa por su papel en la campaña y por su gestión posterior al frente de Ecopetrol. En el plano administrativo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya sancionó a la campaña de Petro por ocultar gastos y recibir financiación de fuentes prohibidas, tras concluir, por votación de 6 a 3, que se superaron los topes de gasto en 3.042 millones de pesos y que se omitió el reporte de 3.698 millones de pesos.
Según la decisión, en primera vuelta se dejaron de reportar 2.611 millones, de los cuales 2.459 millones excedieron los topes, y en segunda vuelta 1.087 millones, de los cuales 583 millones superaron el límite permitido. Por esos hechos, el CNE impuso multas por 5.922 millones de pesos a Ricardo Roa, como gerente de campaña; María Lucy Soto, como auditora; y Lucy Mogollón, como tesorera.
En el frente de la gestión empresarial, la Fiscalía investiga presuntas influencias indebidas en la estructuración de un negocio de regasificación de gas natural licuado en el Caribe, en el que participó Gaxi S. A. E. S. P., empresa vinculada a Juan Guillermo Mancera, quien ha sido señalado en investigaciones periodísticas como cercano al círculo de Roa. De acuerdo con esas publicaciones, el contrato se firmó a través de una filial del Grupo Ecopetrol, pese a que la empresa no tenía trayectoria conocida en proyectos de ese tipo. Operando a máxima capacidad, el negocio podría generar ingresos anuales estimados en hasta 1.400 millones de dólares, una cifra que dimensiona la relevancia económica del contrato bajo revisión.
Las indagaciones también se dan en medio de cuestionamientos públicos sobre presuntos conflictos de interés y decisiones administrativas durante la gestión de Roa en Ecopetrol, que han sido objeto de investigaciones periodísticas y de revisiones internas de riesgos dentro de la empresa. Aunque hasta ahora no había decisiones penales en su contra, la Fiscalía informó que el proceso judicial avanzará con la imputación formal de cargos, etapa en la que Roa podrá ejercer su derecho a la defensa.
La Fiscalía deberá presentar ante un juez los elementos que sustentan las imputaciones por financiación irregular de campañas y tráfico de influencias, mientras las autoridades electorales mantienen en firme las sanciones administrativas del CNE. El desarrollo de las audiencias definirá el rumbo judicial del caso y el alcance de las responsabilidades penales que eventualmente se determinen.
