La Fiscalía General de la Nación radicó este lunes 9 de febrero el escrito de acusación contra Juliana Guerrero, exasesora y reconocida por su cercanía con el Gobierno, y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación Universitaria San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, informaron voceros del ente acusador y medios de comunicación que cubren el caso.
La Fiscalía anunció que pedirá medida de aseguramiento privativa de la libertad con detención domiciliaria contra Guerrero y Gutiérrez, al considerar la presunta gravedad de los hechos. Los cargos se relacionan con irregularidades en la expedición de los títulos académicos —uno de contadora pública y otro de tecnóloga en gestión contable— que le fueron atribuidos a Guerrero por la Fundación San José, sin que, según la investigación, se hubieran cumplido los requisitos legales exigidos para su obtención.
Según la investigación, Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber, al menos hasta el momento acreditado por las autoridades, requisitos indispensables para graduarse legalmente en Colombia. Los títulos cuestionados habrían sido registrados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, lo que le permitió respaldar su postulación para un cargo público, señalaron fuentes judiciales.
El proceso se originó a partir de denuncias y pruebas presentadas por la congresista Jennifer Pedraza, quien desde meses atrás había señalado presuntas irregularidades en los documentos académicos de Guerrero e, incluso, reportó pagos realizados por la entonces aspirante a viceministra al momento de obtener los diplomas, hechos que inicialmente generaron debates sobre la validez de los títulos.
Juliana Guerrero había aparecido en una hoja de vida con un título profesional de contadora pública, requisito para posesionarse como viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, pero su nombramiento no se concretó ante la difusión del caso y la falta de cumplimiento de requisitos básicos, como la presentación de la prueba Saber Pro, según registros oficiales y declaraciones de la fiscal delegada.
La imputación de cargos se presenta en un contexto de investigaciones más amplias sobre la expedición de títulos académicos en la Fundación San José, que han sido objeto de atención por parte de autoridades educativas y judiciales, y mientras la Fundación ha anunciado procesos internos para revisar la entrega de diplomas y el Ministerio de Educación evalúa la situación de esa institución.
La Fiscalía y los juzgados correspondientes deberán ahora programar la audiencia de imputación formal de cargos y definir si procede la medida de aseguramiento solicitada, con lo cual avanzará la etapa judicial en este caso de presunta falsedad documental y fraude procesal en el sistema educativo superior colombiano.
