La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó el hallazgo de información que calificó como de «extrema gravedad» tras finalizar el proceso de extracción y análisis de los dispositivos electrónicos incautados a alias Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias.
En declaraciones ofrecidas a medios nacionales como El Espectador y Blu Radio, la funcionaria señaló que, tras cuatro meses de labores investigativas, la entidad logró ratificar la existencia de documentos, cartas y chats que comprometerían la conducta del disidente. Según la fiscal, los hallazgos incluyen evidencias que vinculan a esta facción armada con Wilmar Mejía, jefe de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, y con el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército.
La jefe del ente acusador explicó que la ratificación de esta información técnica es el motivo principal para reiterar la solicitud de levantamiento de la suspensión de la orden de captura que pesa sobre Calarcá, quien actualmente se desempeña como representante de su grupo en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno.
La fiscal Luz Adriana Camargo fue enfática al señalar que los delitos evidenciados en los archivos y teléfonos celulares, incautados durante un operativo a una caravana de la organización, revisten una entidad suficiente para cuestionar la permanencia del señalado en un proceso de negociación política. Entre las pruebas mencionadas, destacó la existencia de chats que relacionarían directamente al cabecilla con la orden y ejecución material del asesinato de un líder social.
Frente a la posibilidad de que el Ejecutivo mantenga la suspensión de la captura para preservar los diálogos, la fiscal general advirtió que su oficina procederá de manera autónoma en caso de que el Gobierno nacional no acceda a la solicitud de reactivación.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre estas revelaciones calificándolas como versiones falsas. A través de sus canales oficiales, el mandatario sostuvo que las informaciones contenidas en los archivos son parte de una estrategia externa para afectar a oficiales del Ejército y funcionarios de inteligencia que han colaborado en la identificación de focos de corrupción interna.
