La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, y delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz concluyeron este lunes una reunión sin llegar a una decisión definitiva sobre la reactivación de la orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá». El jefe del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) mantiene suspendido su requerimiento judicial desde finales de 2023, cuando se instaló la mesa de negociación con el Gobierno nacional.
Tras el encuentro, los delegados gubernamentales solicitaron un plazo de 15 días para realizar consultas internas y determinar si se procede con la captura del líder disidente o si se mantiene su estatus actual en el marco de los diálogos.
La incertidumbre jurídica sobre alias «Calarcá» se intensificó luego de que la fiscal Camargo confirmara el hallazgo de «información grave» en los computadores incautados al jefe insurgente. Según el ente acusador, tras realizar una nueva extracción y análisis de los datos, se pudieron comprobar hechos delictivos de alta complejidad que coinciden con denuncias previas sobre el accionar de su estructura armada.
No obstante, la mesa de diálogo entre el Gobierno y la disidencia que lidera Mendoza continúa vigente, a pesar de que el cese al fuego bilateral de 18 meses expiró el pasado 15 de abril de 2025 al no ser prorrogado por el Ejecutivo.
El trasfondo de esta discusión institucional radica en el equilibrio entre el avance de la justicia penal y la voluntad política de mantener los acercamientos de paz. Mientras la Fiscalía sostiene que las evidencias recolectadas en los dispositivos electrónicos sustentan la necesidad de reactivar las órdenes judiciales, el Gobierno evalúa el impacto que esta medida tendría en la continuidad de las conversaciones regionales.
