El Gobierno nacional oficializó este miércoles 11 de febrero el retiro del servicio activo del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, en cumplimiento del Decreto 0147, firmado por el viceministro de Políticas de Defensa y Seguridad encargado del Ministerio de Defensa, Javier Andrés Baquero Maldonado.
El decreto, expedido en la jornada del jueves y publicado con fecha del 11 de febrero de 2026, establece que Urrego será separado del cargo “por llamamiento a calificar servicios”, una figura legal prevista en la Ley 857 de 2003 para oficiales con más de 31 años de servicio, pero no implica pérdida del grado militar. Asimismo, dispone que continuará dado de alta en la pagaduría durante tres meses, conforme al artículo 145 del Decreto 1212 de 1990, y que la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional será la encargada de comunicar la medida.
La determinación se da un día después de que el presidente Gustavo Petro denunciara públicamente la existencia de un presunto complot que, según él, buscaba vincular al general con una supuesta estrategia para sabotear su reciente reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al intentar colocar sustancias psicoactivas en uno de los vehículos oficiales. Petro hizo la denuncia en un Consejo de Ministros celebrado en Montería, aunque no divulgó detalles precisos sobre la evidencia que sustenta las acusaciones.
El brigadier general Urrego Pedraza, quien hasta ahora se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, negó rotundamente los señalamientos, calificándolos de “total desinformación” y afirmando que nunca ha tenido cercanía con los vehículos presidenciales ni participado en acciones relacionadas con la supuesta trama. En declaraciones a medios, dijo estar dispuesto a someterse a cualquier prueba técnica para demostrar su inocencia y señaló que no se le ha dado oportunidad formal de defenderse ni se le han presentado evidencias de los hechos denunciados.
La medida administrativa de retiro por “llamamiento a calificar servicios” no constituye una sanción disciplinaria ni penal en sí misma, sino que habilita al oficial a salir del servicio activo con sus derechos y beneficios según la normatividad vigente. Hasta el momento, no se ha confirmado la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación con respecto a las acusaciones hechas por el jefe del Estado.
