La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió este lunes 16 de febrero de 2026 expulsar al general retirado Mauricio Alfonso Santoyo Velasco de la justicia transicional, tras concluir que incumplió de manera grave e injustificada el régimen de condicionalidad, al no aportar de forma plena información sobre hechos del conflicto armado interno, informaron varios medios nacionales.
La decisión fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y significa que Santoyo pierde los tratamientos jurídicos y beneficios especiales que le otorgaba la justicia transicional, incluidos los asociados a su comparecencia en la JEP. A partir de este momento, los procesos judiciales que estaban bajo la jurisdicción de paz serán remitidos a la justicia ordinaria, la cual continuará con el conocimiento de los hechos y posibles responsabilidades penales.
Santoyo, exgeneral de la Policía Nacional, fue jefe de seguridad del expresidente Alvaro Uribe y había ingresado a la JEP en septiembre de 2021. Compareció ante este tribunal en relación con los macrocasos 06 y 08, que investigan, respectivamente, la persecución a miembros de la Unión Patriótica y los crímenes cometidos por agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares durante el conflicto armado.
La expulsión se produjo luego de que la JEP considerara que sus aportes no contribuyeron de manera efectiva a esclarecer la verdad ni a garantizar los derechos de las víctimas, requisito esencial para mantener los beneficios del régimen transicional. El tribunal evaluó que Santoyo no entregó la información detallada y exhaustiva sobre hechos y vínculos relevantes, especialmente en casos de desaparición forzada y alianzas entre miembros de la fuerza pública y grupos armados ilegales.
Con la expulsión, el general retirado queda sin la protección de la justicia transicional y su situación jurídica será analizada por la Fiscalía General de la Nación y la justicia ordinaria, en procesos relacionados con delitos como concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Aunque Santoyo tiene la posibilidad de interponer recursos de reposición o apelación ante la JEP para que se revise la decisión, la expulsión representa un cambio significativo en su situación procesal.
