La defensora del pueblo Iris Marín, demandó ante el Consejo de Estado la resolución con la que el presidente Gustavo Petro designó a 16 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia como gestores de paz. En su concepto, el acto administrativo altera en la práctica el alcance de la política de paz total, al otorgar roles que, según sostiene, no corresponden a una organización ya desmovilizada y sometida al marco jurídico de Justicia y Paz.
Marín argumenta que las funciones asignadas a los antiguos comandantes exceden lo permitido por la Ley 975 de 2005, norma que reguló la desmovilización y el juzgamiento de los integrantes de las AUC. Señala que la resolución incluye tareas como participar en los balances de avances de Justicia y Paz y formular recomendaciones institucionales para el cierre definitivo del proceso, actividades que, a su juicio, solo competen a las autoridades estatales.
En la demanda, advierte que permitir a los exparamilitares intervenir en actividades de reparación, construcción de verdad o diseño de acciones institucionales desborda los límites legales impuestos a una estructura criminal que, formalmente, ya no existe. Afirma también que la resolución presidencial no explica las razones para utilizar la figura de gestor de paz, prevista para facilitar diálogos con grupos armados activos, en un escenario donde no hay negociación en curso.
Entre los 16 designados cuyos nombramientos Marín pide suspender se encuentran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Diego Fernando Murillo (Don Berna), Carlos Mario Jiménez (Macaco), Fredy Rendón Herrera (El Alemán), Edward Cobos Téllez (Diego Vecino) y Rodrigo Pérez Álzate (Julián Bolívar), entre otros excomandantes que hoy participan en distintos procesos judiciales y de contribución a la verdad.
