La investigación no termina en la logística»: Defensa de la familia Uribe Turbay tras sentencia contra alias «Gabriela»
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
Tras conocerse la condena de 21 años de prisión contra Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la familia de la víctima, a través de su abogado Víctor Mosquera, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación no detener las investigaciones. La defensa advierte que, si bien se han logrado avances contra la estructura logística, el Estado aún tiene la deuda de identificar y capturar a los determinadores, instigadores y financiadores detrás del atentado ocurrido el pasado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de Bogotá.
El jurista Mosquera subrayó que la propia sentencia judicial reconoce la existencia de una jerarquía de mando y financiación dentro de la organización criminal que planificó el ataque. Por este crimen, la justicia ya ha emitido dos condenas: la de alias “Gabriela”, quien aceptó cargos por homicidio y concierto para delinquir, y la sanción de siete años de detención impuesta al menor de edad que disparó contra el líder político. Actualmente, otros siete implicados, entre ellos Elmer José Arteaga y Carlos Eduardo Mora, permanecen a la espera de sus respectivas sentencias.
En el ámbito investigativo, la Fiscalía mantiene dos hipótesis centrales que vinculan la autoría intelectual con la organización “Segunda Marquetalia”, que opera desde territorio venezolano. La primera línea apunta a una demostración de poder bélico de esta estructura frente al actual proceso electoral. La segunda hipótesis sugiere una fractura interna en dicho grupo, donde el cabecilla conocido como “El Zarco Aldinever”, quien recientemente fue reportado muerto en un enfrentamiento con el ELN, habría ordenado el magnicidio para desafiar el liderazgo de alias “Iván Márquez”.
La representación judicial de las víctimas enfatizó que la resolución de este caso es vital para la estabilidad democrática del país, exigiendo resultados concretos que trasciendan la captura de los ejecutores materiales y revelen el trasfondo político y económico del crimen que alteró el rumbo de la contienda presidencial de 2026.
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