La Unión Sindical Obrera (USO), el gremio de trabajadores más relevante de la industria de hidrocarburos en el país, solicitó formalmente a la Junta Directiva de Ecopetrol que aparte de su cargo al presidente de la compañía, Ricardo Roa. A través de un comunicado oficial, el sindicato manifestó su preocupación por los riesgos operativos y reputacionales que enfrenta la estatal petrolera en el marco de las investigaciones penales que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Para la organización sindical, la acumulación de procesos judiciales contra el directivo agrava la estabilidad de la empresa y exige una actuación ceñida a principios éticos superiores.
Aunque el sindicato reconoció explícitamente el derecho a la presunción de inocencia de Ricardo Roa, argumentó que la magnitud de los señalamientos requiere que el funcionario se concentre exclusivamente en su estrategia de defensa técnica fuera del ejercicio de la presidencia. Cabe recordar que Roa enfrenta actualmente dos frentes judiciales de alta sensibilidad: el primero por un presunto tráfico de influencias relacionado con la adjudicación de negocios a terceros vinculados a su entorno personal, y el segundo por la supuesta vulneración de los topes de financiación en la campaña presidencial de 2022.
Respecto al proceso por tráfico de influencias, el presidente de la petrolera compareció la semana pasada ante un juez de control de garantías, donde se declaró inocente de los cargos imputados por el ente acusador. Simultáneamente, el expediente por las irregularidades en la financiación electoral tiene programada una nueva diligencia de imputación para el próximo 8 de abril, tras haber sido aplazada recientemente. Esta duplicidad de procesos es, según la misiva de la USO, el factor que podría comprometer el adecuado funcionamiento de la compañía más importante de Colombia.
Pese al pronunciamiento del sector obrero, la Junta Directiva de Ecopetrol mantiene, hasta el momento, una postura de respaldo absoluto hacia Ricardo Roa. La alta instancia de la empresa reiteró que una imputación de cargos no equivale a una sentencia en firme y que, por lo tanto, no existen causales jurídicas para removerlo de su posición actual.
