La Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL) radicó una solicitud formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que se agilicen las investigaciones contra la actual senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez.
La petición, enviada este 3 de abril a la Unidad de Investigación y Acusación, se centra en presuntos hechos de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado, los cuales son analizados dentro del macrocaso 07 que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños por parte de las extintas FARC. En la misiva, los representantes de las víctimas instan a la magistratura a tomar acciones concretas que permitan determinar la responsabilidad de la congresista en estos delitos.
El documento señala a Ramírez como presunta máxima responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad, enfatizando la necesidad de que la justicia transicional avance en el esclarecimiento de las denuncias que vinculan su conducta con violaciones a los derechos humanos.
Según los peticionarios, el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso exige resultados tangibles que garanticen los derechos a la verdad y la justicia para quienes sufrieron agresiones en el marco del reclutamiento forzado.
Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz ha recibido el documento y deberá evaluar si existen méritos suficientes para acelerar la etapa de imputación o si el caso requiere de mayores diligencias probatorias dentro de la estructura del macrocaso 07.
