A través de un comunicado y en algunas de las redes sociales personales de los concejales rechazaron «la presunta persecución y presunto acoso laboral, que han vivido los corregidores»
Según la comunicación «los corregidores han atravesado tres episodios diferentes en los que han sido presionados de forma indebida para que renuncien a sus cargos»:
En primera medida fueron citados los diez por el secretario de gobierno Luis Eduardo Ardila Quiroz manifestándoles que era decisión del alcalde, que debían presentar su carta de renuncia, esto ocurrió el 2 de agosto a las dos de la tarde.
El segundo caso denunciado se presentó el 11 de agosto, esta vez citados por el jefe de la oficina jurídica, Jhon Kennedy Wilchez.
Ese mismo día, grabaron un video, en el que se ven sus rostros sonrientes mencionando sus nombres y el nombre de sus cargos, video que circula hoy en redes sociales; al momento de apagar las cámaras, el jefe de la oficina jurídica les dijo a todos que debían presentar sus renuncias al cargo por órdenes del alcalde.
El episodio más reciente se presentó el día 16 de agosto a las 3 de la tarde, los ediles de todos los corregimientos fueron citados ante el despacho del alcalde, el propósito era el mismo, presionar a los corregidores para que renunciaran.
Esa misma tarde, se conoció la declaratoria de insubsistencia de la funcionaria de Morichal, María Fernanda Rueda, quien, además de los procesos policivos de su corregimiento, era quien atendía los múltiples casos policivos que se presentaban en la Ciudadela La Bendición,
En la comunicación también se da a con que los corregidores vienen trabajando sin contar con ningún apoyo, ni de asistente, ni de mensajería por lo que la carga laboral es bastante elevada.
Finaliza el pronunciamiento de la corporación municipal reseñando que «Nos preocupa la situación de los corregidores, en su gran mayoría conformado por mujeres, son siete de los diez; varias de ellas son madres cabeza de familia, una de ellas es madre de una niña en condición de discapacidad, otra se encuentra en avanzado estado de gestación, dos de ellas han sido amenazadas de muerte por razones de su trabajo, los demás presentan condiciones difíciles de orden público en razón a sus empleos.
Los concejales solicitaron a La Personería y la Procuraduría que adelante de manera oficiosa las indagaciones o procesos que dieran lugar frente a los hechos denunciados.
