Durante la sesión, el gerente del IFC, Dairo Juya, entregó un informe frente al cuestionario realizado por los integrantes de la Duma, donde se dio a conocer que la cartera del Instituto pasó de un 48 a 42 por ciento. También se indicó que el total de dicha cartera, con vencimiento superior a 90 días, (a 30 de septiembre del presente año), arrojó un valor de saldo de capital por $24.288.150.171 con 1519 créditos.
Respecto a los cuestionamientos por la carta enviada a las alcaldías solicitando que se estudiara en el proceso de contratación de funcionarios si eran deudores morosos, afirmó que, fue una estrategia para que quienes trabajan en instituciones públicas y sean deudores se acerquen hacer un acuerdo de pago, enfatizó que no fue muy acertada la estrategia y que si debía retractarse lo haría.
En cuanto a la presunta participación de funcionarios del IFC que estarían liderando o manejando las empresas de cobranza, el presidente de la Comisión de Educación, York Cortés Peña manifestó que oficiará a los entes de control para que verifiquen la veracidad y la falta en que se estaría incurriendo por parte del instituto, del gerente como representante y de los funcionarios. “Si se llega a comprobar que esto es cierto, yo mismo propondría que se aplique una moción de censura, porque no podemos permitir que este tipo de cosas estén pasando” afirmó el diputado.
De otra parte, los Diputados extendieron la petición al Gobierno Departamental para que se le dé una solución definitiva a las personas que estudiaron a través de créditos educativos y que hoy se encuentran debiendo pagos. También rechazaron la tercerización de cartera por honorarios para abogados, hasta del 18 por ciento.
El presidente de la Asamblea Departamental, José Antonio Barrera Blanco, adujo que se debe realizar una reestructuración administrativa a dicha entidad “esto es necesario para que los resultados se vean reflejados en el crecimiento económico de la Institución y a su vez en el favorecimiento en créditos a la población de Casanare”. También asintió en que se deben direccionar los préstamos por medio de microcréditos para que los recursos se queden en pequeños y medianos productores o en el emprendimiento informal.
