La organización electoral en el departamento de Casanare avanza de cara a la próxima jornada democrática, con la habilitación de 171 puestos de votación distribuidos en zonas urbanas, rurales y centros de reclusión, según confirmó la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de su delegación departamental.
De acuerdo con la información oficial, la mayor parte de los puntos de sufragio estará ubicada en el área rural, donde funcionarán 118 mesas, mientras que 51 operarán en el sector urbano y dos más lo harán en establecimientos carcelarios. La planificación logística contempla además la designación de más de 5.600 jurados de votación y la realización de comités de seguimiento electoral en todos los municipios, con participación de autoridades civiles, fuerza pública y organismos de control.
En materia de trámites electorales, la Registraduría recordó que el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones legislativas cerró el pasado 8 de enero, mientras que continúa abierta la inscripción para los comicios presidenciales, plazo que se extenderá hasta el 31 de marzo. Los ciudadanos pueden adelantar este procedimiento en las sedes de la entidad en todo el país y, en el caso de Yopal, en puntos habilitados en centros comerciales durante la jornada diurna.
Otro de los ejes de la preparación corresponde a la capacitación de los jurados de votación, quienes cumplirán funciones clave durante la jornada. En el departamento, las jornadas formativas se desarrollarán entre el 16 de febrero y el 4 de marzo, y en la capital casanareña se concentrarán en la Universidad Unitrópico durante la semana del 16 al 20 de febrero, en horarios continuos entre la mañana y la tarde. También se habilitaron mecanismos virtuales mediante plataformas institucionales y canales digitales para facilitar el acceso a la formación.
Las autoridades electorales reiteraron que el rol de jurado es de carácter obligatorio. La inasistencia injustificada puede derivar en sanciones legales: para servidores públicos, procesos disciplinarios, y para trabajadores del sector privado, multas que oscilan entre uno y diez salarios mínimos legales vigentes.
