El presidente Gustavo Petro oficializó la orden de liquidar ocho de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran bajo intervención del Estado, argumentando una crisis financiera irreversible. La medida afecta a instituciones de alto impacto demográfico como Nueva EPS, Famisanar, Coosalud y la regional Capresoca, sumando un total de 23 millones de usuarios que representan el 43% de la población colombiana. Según el Ejecutivo, la decisión responde a la acumulación de deudas insostenibles y a presuntos manejos irregulares de los fondos públicos por parte de administradores privados.
El panorama contable más alarmante se registra en la Nueva EPS, cuyo pasivo experimentó un crecimiento del 198% entre 2022 y 2025, alcanzando una deuda total de 21,37 billones de pesos. La entidad, que resguarda a cerca de 11 millones de afiliados, presenta actualmente un patrimonio negativo superior a los 6 billones de pesos, lo que ha derivado en embargos millonarios y un aumento crítico en las quejas de los usuarios. Ante esta situación, el mandatario instruyó al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) evaluar la asignación de recursos exclusivos para cubrir las obligaciones de esta entidad dada la participación estatal en su composición.
La magnitud de este proceso de liquidación ha encendido las alarmas entre expertos del sector salud, quienes advierten sobre posibles traumatismos en la continuidad de tratamientos y el suministro de medicamentos durante la transición. Durante el último año, las reclamaciones por fallas en la atención médica se incrementaron en un 107%, reflejando el deterioro operativo de las entidades en mención. El Gobierno ha sido enfático en que no reconocerá deudas adicionales a los operadores privados, señalando que los recursos del sistema deben dejar de utilizarse para el sostenimiento de estructuras que consideran administrativamente inviables.
