Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El Consejo de Estado de Colombia admitió la recusación y suspensión de manera provisional el decreto 0858 de 2025, que había sido expedido por el gobierno para implementar el llamado modelo de salud “preventivo, predictivo y resolutivo”. La medida fue tomada tras las denuncias del representante de la Cámara, Andrés Forero (del partido Centro Democrático), quien argumentó que el decreto regulaba elementos estructurales del sistema de seguridad social en salud, competencias que corresponden únicamente al Congreso de la República.
Forero declaró que “es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan B’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”, haciendo referencia a la intención del Ejecutivo de avanzar la reforma sin debate legislativo.
El decreto 0858, expedido el 30 de julio de 2025, definió la adopción del modelo de salud señalado y modificaba aspectos como el rol de las EPS, la territorialización de la operación del sistema, la creación de Centros de Atención Primaria (CAPS) como base del nuevo modelo, y la organización de las redes integrales e integradas territoriales de salud (RIITS). Según defensores del decreto, la norma buscaba modernizar el sistema y hacer más vigentes los ejes de prevención y atención primaria.
Sin embargo, gremios del sector salud, exministros y otros actores advirtieron que la norma representaba una reforma estructural sin respaldo técnico, sin debate adecuado y sin pasar por el Congreso, lo cual generaba cuestionamientos de constitucionalidad.
El argumento central del Consejo de Estado, según el accionar de recusación, es que el Gobierno incurrió en extralimitación al regular mediante decreto cuestiones que afectan la organización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que correspondería al legislador ordinario y no al Ejecutivo.
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