El Juzgado Primero Penal Municipal de Yopal emitió un auto de requerimiento previo a la apertura de un incidente de desacato contra la EPS Capresoca. La medida judicial busca verificar el cumplimiento de un fallo de tutela que ordena garantizar la atención médica en un hospital de alta complejidad para la ciudadana Avelina Carrero de Castro, una adulta mayor cuya protección constitucional fue dictada originalmente en noviembre de 2019.
La decisión vincula directamente a Betty Cecilia Anaya Nieto, agente interventora de la EPS, y a Bibi Dayana Daniels Rueda, subgerente de Salud de la entidad. Ambas funcionarias disponen de un término improrrogable de tres días para presentar un informe detallado sobre las gestiones realizadas para acatar la orden judicial confirmada desde enero de 2020.
Dentro del requerimiento, el despacho solicitó identificar con precisión a los responsables jerárquicos del cumplimiento de fallos dentro de la EPS. De no entregarse dicha información, el juzgado advirtió que la responsabilidad recaerá directamente sobre las directivas mencionadas. El proceso es impulsado por el defensor público Elkin Toca Ramírez, quien actúa como agente oficioso de la paciente y ha denunciado que, tras cinco años de emitido el fallo, la orden no se ha ejecutado en su totalidad.
El auto judicial enfatiza que la entidad debe remitir pruebas documentales concretas que acrediten la garantía de continuidad en la atención de la señora Carrero de Castro. De no verificarse el cumplimiento, el juzgado procederá con la apertura formal del incidente de desacato, lo que podría derivar en sanciones económicas o arresto para los responsables.
