La Procuraduría General de la Nación reveló este martes 17 de marzo los resultados de una investigación que vincula directamente el fallecimiento del menor Kevinn Arley Acosta Picó con una presunta negligencia administrativa de la Nueva EPS. El informe del Ministerio Público establece que la entidad de salud no garantizó la entrega oportuna del medicamento Emicizumab, esencial para el tratamiento de la hemofilia que padecía el niño de siete años. Según el órgano de control, esta interrupción en el suministro farmacológico fue el factor determinante que derivó en el deceso del menor el pasado 13 de febrero.
El documento detalla que Acosta Picó permaneció aproximadamente dos meses sin recibir su tratamiento, una situación que lo dejó vulnerable ante hemorragias espontáneas características de su condición clínica. La Procuraduría fue enfática al señalar que la falta de gestión por parte de la EPS puso al paciente en un estado de vulnerabilidad extrema, calificando el desenlace como una consecuencia directa de la desatención institucional. Este hallazgo se suma a las crecientes denuncias sobre fallas en la cadena de dispensación de medicamentos de alto costo en el país.
Tras la confirmación de estas irregularidades, el Ministerio Público evaluará el inicio de acciones disciplinarias contra los directivos responsables de la red de servicios de la Nueva EPS. El caso cobra especial relevancia en el contexto de la reciente orden presidencial de liquidar dicha entidad, aportando nuevos elementos sobre las fallas operativas que afectan a sus afiliados. Por su parte, los familiares del menor han solicitado celeridad en las investigaciones judiciales para determinar las responsabilidades penales que correspondan ante lo que consideran una muerte evitable.
