Desde ayer la comunidad Sáliba, del resguardo indígena El Consejo, tomó la decisión de declararse en Minga Social y suspender todo tipo de actividades ajenas que se desarrollen dentro de su territorio indígena, especialmente aquellas que no han sido presuntamente consultadas para su ejecución y que tienen incidencia directa con su territorio.
Esta decisión afecta el desarrollo del contrato de la Gobernación de Casanare, número 185 de 2018, que tiene por objeto, la construcción de un terraplén entre el caño San Miguel y el sector del Duya. Los indígenas consideran que se les ha vulnerado el derecho fundamental de la consulta previa, que corresponde a que los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se vean afectados por medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, puedan proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.
Dentro de las peticiones de los indígenas está, que la Unión Temporal responsable de la ejecución de la obra haga un verdadero control a la contaminación emitida hasta el momento por material particulado, causado por el transito constante de maquinaria. También están exigiendo que se les arregle la vía interna del resguardo y que tengan en cuenta la mano de obra calificada y no calificada del sector, ya que son los directos afectados de la parte ambiental, social y cultural por la intervención de la obra.
