Contraloría Departamental de Casanare ¿está en capacidad de proteger los recursos públicos, en época de pandemia?

Yaneth Constanza Holguín Suárez, Contralora Departamental de Casanare, le contó a Contacto Noticias, que se está haciendo para poder vigilar y proteger los recursos públicos en época de pandemia.

La Contralora expresó que en la actualidad se conformó un equipo interdisciplinario de 12 profesionales que vienen revisando un promedio de 50 contratos suscritos por diferentes entes territoriales y entidades dentro de la urgencia manifiesta y calamidad pública del Covid-19. También divulgó, que, aún hay municipios y entidades que faltan por entregar la documentación de la declaratoria de urgencia manifiesta, entre ellos esta: Támara, Monterrey, Paz De Ariporo Y Red Salud, respectivamente.

Según Holguín Suárez, el resto de entidades ya hicieron la entrega formal de la documentación a la Contraloría Departamental. Por su parte esta entidad inició el proceso de verificación correspondiente a los actos administrativos surtidos para saber si cumplieron o no con el procedimiento legal. La Contralora afirmó, que superada esta etapa se pasaría a la verificación de los contratos y posteriormente cuando las partes contractuales liquiden los mismos, ahí si la Contraloría podrá hacer por ley y competencia el control fiscal.

Explicó, que gracias a los cambios constitucionales, legales y normativos producidos en el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020, la Contraloría General de la República, puede realizar la Intervención funcional oficiosa. Dicha intervención se caracteriza porque la CGR, podrá intervenir en cualquier tiempo en los ejercicios de vigilancia y control fiscal a cargo de las contralorías territoriales de manera oficiosa, desplazándolas en sus competencias y asumiendo directamente el conocimiento de los asuntos objeto de intervención.

Que para el caso de Casanare se dio en tres contratos, todos celebrados por la Administración Departamental, el primero corresponde a los paquetes nutricionales para los adultos mayores; el segundo a la adquisición de camillas para la atención de la pandemia y el último corresponde al contrato del programa de alimentación escolar PAE. Reveló que, aunque las contralorías pueden adelantar acciones conjuntas y coordinadas de vigilancia y control fiscal cuando el sujeto, objeto o actividad de control lo amerite, la Contraloría General de la República para estos tres casos en concreto lo único que les pidió fue el traslado de los archivos, sin más detalles ni participación.

En cuanto al resto de procesos afirmó que existen dos denuncias correspondientes a presuntos sobre costos en la contratación y ambas corresponden a la administración municipal de Hatocorozal. Hecho que ya esta en proceso de investigación.