Parlamento Europeo aprueba cambios en reglas migratorias que incluyen a Colombia como “tercer país seguro”
Leidy Carolina Aguirre Vargas 
El Parlamento Europeo aprobó este martes 10 de febrero de 2026 una serie de cambios en la normativa migratoria de la Unión Europea que modifican la forma en que se definen los “terceros países seguros” y aceleran la revisión de solicitudes de asilo, y en esa lista figura Colombia junto a otros países fuera de la Unión Europea.
La nueva legislación forma parte de una reforma más amplia del Pacto Europeo de Migración y Asilo y fue respaldada con la mayoría del Parlamento, con 408 votos a favor, 184 en contra y 60 abstenciones para el componente que establece una lista común de “países seguros de origen”, y con 396 votos a favor para la revisión del concepto de “tercer país seguro”.
Según los términos aprobados, los Estados miembros de la UE podrán declarar inadmisibles las solicitudes de asilo de personas que provengan de países incluidos en esa lista o que hayan transitado por países considerados seguros antes de llegar a Europa, incluso si el solicitante no tiene vínculos previos con ese Estado. La lista de países de origen que será considerada “segura” incluye, además de Colombia, naciones como Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez.
Estos cambios permiten también que los países de la Unión Europea celebren acuerdos con terceros países para examinar solicitudes de protección internacional fuera del territorio europeo, un enfoque que ha sido probado en casos como el de centros de recepción en Albania impulsados por Italia.
La medida ha generado críticas de organizaciones humanitarias y grupos de derechos humanos, que advierten que la figura de “tercer país seguro” podría poner en riesgo a solicitantes de asilo al ser enviados a países con contextos de derechos humanos cuestionables o sin redes de apoyo, lo cual afectaría el acceso a protección efectiva.
La reforma también permitirá acelerar las solicitudes de asilo para nacionales de esos países seguros de origen, con procedimientos más breves y trámites simplificados, lo que podría dificultar los procesos de protección para algunos connacionales que se encuentren en territorio europeo y soliciten refugio.
Esta normativa forma parte de un paquete más amplio de cambios que, una vez formalmente adoptados por la Unión Europea y sus Estados miembros, comenzarán a aplicarse a partir de junio de 2026, en paralelo a otras medidas sobre retornos y cooperación migratoria dirigidas a gestionar los flujos hacia Europa.
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