La Junta Directiva de Ecopetrol retomará hoy la deliberación sobre la continuidad de su presidente, Ricardo Roa, luego de que en la sesión del pasado jueves 19 de marzo no se alcanzara una decisión definitiva. El máximo órgano de la compañía más grande del país evaluó diversas alternativas legales y administrativas frente a las imputaciones que enfrenta el directivo por presunto tráfico de influencias y las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de 2022. Pese al hermetismo de la reunión anterior, fuentes cercanas al proceso señalan que opciones como la licencia temporal o la renuncia siguen bajo análisis técnico.
La situación del presidente de la estatal se ha tornado más compleja tras las recientes declaraciones de Johny Giraldo, quien estuvo a cargo de la remodelación de la vivienda de Roa. Giraldo afirmó en medios de comunicación que en oficinas particulares de allegados al directivo se habrían discutido nombramientos de altas vicepresidencias de la petrolera, lo que ha generado nuevos cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión del talento humano. A esto se suma la postura de la Unión Sindical Obrera (USO), que por primera vez en la historia de la empresa pidió formalmente la salida de Roa, rompiendo una alianza estratégica entre el Gobierno y el movimiento social.
En el ámbito judicial, la atención se centra en la seguridad de los declarantes, luego de que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmara amenazas de muerte contra un testigo clave del proceso. Si bien desde el interior de Ecopetrol se sostiene que dichas intimidaciones contra el expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, se registran desde hace dos años, el ente acusador mantiene activo el esquema de protección para garantizar el avance de las investigaciones. Por su parte, Ricardo Roa ha desestimado las sugerencias de retirarse del cargo, argumentando que su gestión representa los intereses de los accionistas mayoritarios.
