JJ Torres contrató exmagistrado de CSJ para recurso de casación contra condena por urbanizador ilegal

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Enrique Córdoba Póveda presentó demanda de casación en representación del alcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres contra la sentencia por urbanizador ilegal proferida por el Tribunal Superior de Yopal. El documento ya debió haber sido remitido precisamente a la CSJ para realizar la diligencia.

Córdoba Póveda es profesor universitario de varias facultades de derecho y un maestro del derecho penal. Hizo parte de los magistrados que fueron investigados por la Cámara de Representantes por haber investigado a los 108 congresistas que absolvieron a Ernesto Samper Pizano.

En el recurso de casación, que suma 16 páginas, se expresa que se desconoció el debido proceso y argumenta que cuando Torres Torres se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía “actuó con un consentimiento viciado por el error y que por tanto se debía haber aceptado su retractación y seguirse por el procedimiento ordinario y no el abreviado por el que optó.”

Es de destacar que tanto el Juzgado Tercero Penal como el Tribunal Superior de Yopal descartaron la retractación por considerarla improcedente ya que la aceptación de cargos como urbanizador ilegal el 15 de octubre de 2015 Torres la hizo libre, voluntaria y debidamente asesorada por su defensa técnica, en ese momento a cargo del exfiscal General de la Nación, Mario Iguarán.

El exmagistrado Córdoba Póveda argumenta que cuando el alcalde aceptó los cargos “estaba seguro, convencido, al igual que sus abogados que lo asesoraron, que lo que mejor consultaba sus intereses defensivos era el allanamiento a la imputación de cargos y optar por un trámite abreviado y una condena anticipada”. Pero posteriormente sin el estrés de la captura y publicidad de la audiencia inicial y con mejor asesoramiento jurídico “cayó en la cuenta que había escogido la vía equivocada” y era mejor enfrentar un juicio oral, público y contradictorio. Es decir, se arrepintió y por ello se retractó.

Con base en estos argumentos el exmagistrado pretende convencer a la Corte Suprema de Justicia que su defendido actuó viciado por el error y por tanto la retractación era procedente. Y por ello se solicita anular todo lo actuado a partir de la audiencia de formulación de imputación para que el trámite se desarrolle por el procedimiento ordinario.

Abogados penalistas consideran que la Corte Suprema de Justicia tardaría entre un mes y dos meses en fallar el proceso. La primera prueba será si admiten o no la demanda. Si no la admiten el alcalde tendría que salir de su cargo por cuenta de que quedaría ejecutoriada la condena a 2 años de cárcel, así la sentencia goce de suspensión condicional de la ejecución de pena. Pero si la demanda es admitida la Corte estudiará el caso y tiene las dos opciones casar o no la sentencia.