Casanare está a 11 talleres de concretar política pública de discapacidad e inclusión.
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En la actualidad la Gobernación de Casanare tiene un equipo consultor, contratado para adelantar la etapa de diagnóstico de la política pública departamental de discapacidad e inclusión social.
A este grupo de profesionales le corresponde realizar 21 talleres participativos, donde participaran todos los municipios del ente territorial. A la fecha se han realizado 10 de estas actividades, cumpliendo con lo proyectado en el contrato de consultoría.
Así lo evidencia la Secretaría de Gobierno Desarrollo Comunitario y el Departamento Administrativo de Planeación, dependencia responsable de dar cumplimiento a esta meta.
Los municipios donde ya se han dado los talleres son Aguazul, Maní, Sabanalarga, Tauramena, Nunchía, Monterrey, Támara, Pore, Paz de Ariporo y Chámeza.
De acuerdo con Milton Álvarez, secretario de gobierno del departamento, “…este proceso de actualización de la política pública obedece a la necesidad que tiene el Departamento de ajustar la actual política pública para este sector poblacional, a los lineamientos del Ministerio del Interior, contenidos en la Ley 1618 de 2013, en aras de emprender acciones afirmativas que garanticen el goce pleno de los derechos y le posibiliten una verdadera integración y rehabilitación social de las personas con discapacidad”.
Cabe aclarar que el departamento de Casanare ya contaba con una política pública de discapacidad, la cual fue expedida bajo la Ordenanza 11 de 2011, sin embargo debido a la promulgación de la Ley de Discapacidad (Ley 1618 de 2013), se hizo necesario que la Administración Departamental se ajustara a los nuevos lineamientos del orden nacional, en coordinación con el Ministerio del Interior, encaminados al reconocimiento de las personas con discapacidad, como sujetos de derechos en condiciones de equidad.
La meta para este año apunta a que el departamento cuente con la aprobación y adopción de este documento técnico, mediante ordenanza de la Asamblea Departamental.
Para lograr dicho propósito, el ente seccional reiteró la invitación a todas las personas con discapacidad a estar atentas y vincularse a este proceso participativo, orientado a la construcción de una política pública más acorde con sus necesidades y derechos.
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